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03 de septiembre.- El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, desestimó ayer en nombre del Gobierno la comparecencia del presidente Evo Morales, solicitada por el Tribunal de Sentencia, en el juicio de responsabilidades seguido contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros por los sucesos violentos de octubre de 2003.

"Estamos seguros que ya no corresponde que el Presidente comparezca al Tribunal", afirmó Chávez,  al recordar fue  Morales quien planteó la demanda.

03 de septiembre.- El representante del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch), Roy Bourgeois, solicitó ayer que el juicio de responsabilidades por genocidio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03) y sus colaboradores culmine con una sentencia justa. “Somos representantes del Observatorio contra las actividades violatorias a los derechos humanos en EEUU y estamos en Bolivia para expresar nuestra solidaridad con las familias y víctimas de la masacre del año 2003, para que el juicio pendiente contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores culmine”, explicó en conferencia de prensa El juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores se sustancia en la Corte Superior de Justicia de Sucre por la muerte de al menos 67 civiles y al menos 400 heridos que fueron reprimidos por los militares cuando se oponían a la exportación de gas a Estados Unidos por un puerto de Chile.

03 de septiembre.- El representante del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch), Roy Bourgeois, solicitó el jueves que el juicio de responsabilidades por genocidio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03) y sus colaboradores culmine con una sentencia justa.

"Somos representantes del Observatorio contra las actividades violatorias a los Derechos Humanos en EEUU y estamos en Bolivia para expresar nuestra solidaridad con las familias y víctimas de la masacre del año 2003, para que el juicio pendiente contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores culmine y se logre que los militares formados en la Escuela de las Américas ingresen a la cárcel", señaló en conferencia de prensa

24 de febrero de 2008.- En siete años de funcionamiento, el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (Whinsec, por sus siglas en inglés) ha entrenado a 7.220 miembros militares, policiales y civiles del hemisferio occidental, de los cuales 399 fueron bolivianos.

Para este año, el número de cupos asignados a Bolivia es de 33. No obstante, dada la decisión del Gobierno de Evo Morales de no enviar a más militares a dicho instituto, los cursos están siendo otorgados a becarios de las diferentes unidades de la Policía. Así lo confirma la versión del titular de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel René Sanabria, que aseguró no haber recibido ninguna orden para suspender el envío de efectivos antidrogas a dicho centro.

27 de febrero de 2008.- Néstor Núñez - Servicio Especial de la AIN.- No se puede ser ingenuo. Nunca los sectores reaccionarios dentro de los Estados Unidos han abandonado ni abandonarán la agresividad, la represión y la violencia contra los procesos que estimulan cambios positivos en América Latina.

Quienes lo duden, revisen la historia de las relaciones bilaterales de Washington con sus vecinos del Sur: Invasiones militares, dependencia, guerra de rapiña, ocupaciones, golpes de estado, asesinatos, conspiraciones. En fin, todo un rosario de desmanes imposibles de dejar atrás en todo análisis.

26 febrero de 2008.- El Gobierno ratificó su determinación de suspender las becas de militares y policías a la "Escuela de las Américas", ahora con el nombre de Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (Westem Hemisphere Institute for Security Cooperatión).

"Por ello y de acuerdo a la doctrina propia de Seguridad y Defensa, el Gobierno fortalecerá y privilegiará el intercambio académico con varios países de la región para la lucha contra el narcotráfico y terrorismo", indicó el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

16 de agosto.- El ex alcalde de La Paz, y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Arrien, declararon este lunes como testigos dentro del juicio de responsabilidades por el caso “octubre negro”, donde coincidieron en señalar que los intentos de diálogo fracasaron por distintas razones durante la crisis política del año 2003.La ex autoridad municipal refirió al respecto que se entablaron contactos iniciales con los ministros Mirtha Quevedo y Guido Añez, y con los dirigentes sindicales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Rufo Calle y Felipe Quispe, que mantenían un ayuno en radio San Gabriel, aunque éstos fueron infructuosos.

14 de agosto.- El Ministerio Público de Bolivia imputó hoy formalmente a tres ex autoridades de las Fuerzas Armadas (FFAA) por la destrucción y ocultamiento de documentos de la masacre de octubre de 2003, conocida por Octubre Negro.

Según el fiscal, Milton Mendoza, a cargo del caso, los ex militares tendrán que responder por ese delito relacionado con la represión policial contra una manifestación social, con saldo de 68 muertos, ordenada por el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), acusado de genocidio pero prófugo en Estados Unidos.

10 de octubre.- El Tribunal de Juicio del caso Octubre Negro no dio curso ayer a la solicitud de la Fiscalía, de aplicar la detención preventiva a dos ex jefes del Alto Mando Militar de 2003, que tienen dos procesos en su contra. La Fiscalía pidió la aplicación de la nueva Ley 007, que establece que en caso de haber dos imputaciones en contra de una persona, procede la detención preventiva, pero según el Tribunal no se demostró el riesgo de fuga.

Esta decisión fue criticada por la Fiscalía que calificó de muy tolerante a la Corte Suprema de Justicia, que no aplica las modificaciones a la política criminal del Estado en contra de acusados por delitos graves como la masacre sangrienta, según palabras.

10 de agosto.- Un fiscal cuestionó la decisión de un tribunal que rechazó el pedido de detención de dos ex jefes militares procesados junto al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la muerte de 63 manifestantes durante protestas en 2003.

"Un tribunal que no está en condiciones de ordenar una detención preventiva, no está en condiciones de sentenciar. Eso es lamentable", se quejó el fiscal Milton Mendoza, en declaraciones a periodistas.

El tribunal alegó para su decisión que no hay riesgo de fuga de los procesados, los generales Roberto Claros Flores y Gonzalo Rocabado Mercado.